NATHALIA KARYME DAVALOS PEREZ    

Al comentar la nueva Ley de Migración que fue aprobada en lo particular ayer por la Cámara de Senadores, el presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, Francisco Herrera, afirmó que con la nueva legislación, ningún extranjero será considerado delincuente, sin importar su condición migratoria.

Además, el también senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que con la nueva ley, México se pone a la vanguardia en el tema migratorio.

El año pasado trajo consigo una serie de hechos que empañaron las relaciones con Centroamérica debido al tema de la migración. El más destacado tuvo lugar el 25 de agosto, cuando militares encontraron en un rancho de Tamaulipas 72 cuerpos sin vida, todos pertenecientes a indocumentados. El hecho provocó el cese de Cecilia Romero del Instituto Nacional de Migración (INM).

En la recta final de 2010, los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, presionan a México para esclarecer el presunto secuestro de 50 inmigrantes en Oaxaca. Las autoridades sólo confirman el plagio de nueve, de los cuales uno resultó muerto, tres lograron escapar y otros cinco permanecen desaparecidos.

El tema sigue en la agenda nacional, y por ello el Senado se apresuró a dar curso a la nueva norma, que pasará a la Cámara de Diputados para su análisis y posterior ratificación, si así lo disponen los legisladores.

Las reservas a artículos en lo particular, fueron solventadas a través de un “documento de consenso” que fue repartido a los senadores durante la sesión, y al inicio de la discusión del tema, y después votado y aprobado con 86 votos a favor, con lo que concluyó su aprobación total en el Senado.

Respecto a las modificaciones, el presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, Humberto Andrade, indicó que éstas fueron acordadas por consenso entre todas las bancadas, para evitar la criminalización de los migrantes en México.

El senador del PAN, Humberto Andrade, destacó que se logró lo que por muchos años no se había conseguido. Andrade Quezada, encargado del tema en la bancada del PAN, dijo que se da con esto una respuesta como Estado mexicano a ese fenómeno.

Los que también mostraron su beneplácito fueron los legisladores del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal, y del PRD, Tomás Torres; éste último pidió que se aplique dicha ley a cabalidad.

La Secretaría de Gobernación (Segob) se congratuló de la aprobación del Dictamen por el que se expide la Ley de Migración y que reforma la Ley General de Población, entre otras leyes.

“La Segob estará atenta a los trabajos que se realicen en la Cámara de Diputados para lograr la aprobación de esta Ley y de forma inmediata tomará todas las medidas y acciones para asegurar su efectiva aplicación”, indicó un comunicado.CIUDAD DE MÉXICO.- En la sesión de la Cámara de Senadores, en la cual se le dio luz verde a la Ley de Migración, estuvo presente el padre Alejandro Solalinde, quien es reconocido por brindar auxilio a los indocumentados. 

El sacerdote mantuvo una reunión con el presidente de la Cámara alta y coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, a quien le externó su preocupación por algunos artículos de la nueva legislación. Durante el encuentro con el legislador, Solalinde externó su preocupa ción de que la ley se pudiera tornar criminalizadora de los migrantes.

Por su parte, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rubén Vázquez, informó que la realización de acuerdos en los artículos polémicos de la ley, como el uso de la Policía Federal Preventiva para detener a los migrantes, justo uno de los puntos que discutía Solalinde.

Cabe recordar que Solalinde es un sacerdote católico que se ha dedicado a proteger a migrantes en Ixtepec, Oaxaca.

Mientras dentro de la Cámara de Senadores se discutía la nueva legislación, a las afueras del recinto un grupo de ciudadanos se manifestó en rechazo a que se apruebe una ley que criminalizaría a los migrantes. 

FRENTE A FRENTE
Comparativa con ley de Arizona

Nueva Ley de Migración

Parte de la premisa de que los migrantes no son delincuentes.

No hay sanciones para quien contrate a un indocumentado.

Sólo autoridades competentes podrán asegurar a ilegales. Quedan específicos los derechos que a éstos se les deben garantizar.

Se hace énfasis en que la situación migratoria de una persona no impide el ejercicio de todos sus derechos y libertades, especialmente a ser tratado sin discriminación alguna.

Permite que cualquier persona que voluntariamente acuda ante la autoridad migratoria y acredite los requisitos correspondientes pueda regularizar su situación migratoria.  

Establece que la autoridad migratoria deberá resolver la situación migratoria de un extranjero irregular en un plazo de 24 horas, durante las cuales deberá notificar a la persona si puede ser regularizar su situación migratoria o que será sancionada con la expulsión, de modo que pueda interponer un recurso efectivo.  

Establece disposiciones especiales para garantizar una atención especial a los migrantes en mayor situación de vulnerabilidad como niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad o con capacidades diferentes y las víctimas de delitos.  

Ley SB 1070 

Parte del concepto de que la migración indocumentada en dicho estado es un delito menor.

Establece sanciones a todos los que albergan, contratan o transportan a extranjeros sin documentos.

Se llegó a proponer que la simple apariencia de una persona pudiera ser causa suficiente para detenerla por policías locales o autoridades migratorias.

Tanto la Ley Arizona como la Ley General de Población vigente en Estados Unidos no establecen vías para que los extranjeros sin documentos puedan regularizar su situación migratoria en el país.  

En la Ley General de Población no se establece un límite para la estancia de los extranjeros indocumentados en las Estaciones Migratorias, por lo que en ocasiones pueden permanecer más de un año alojados en las mismas. 

Fuente: NTX

Visualizan afectación en las relaciones
La SRE reprocha legislación antiinmigrante de Arizona

CIUDAD DE MÉXICO.- Argumentando una violación a los derechos básicos de los mexicanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reprochó a Arizona las nuevas iniciativas legales que impulsan contra los indocumentados. De esta forma, la dependencia dejó entrever que las relaciones entre el país y esa Entidad estadounidense podrían verse afectadas.

Julián Ventura, subsecretario para América del Norte de la Cancillería, fijó así la posición de la dependencia  ante la aprobación de nuevas acciones contra migrantes en Arizona, que son más duras que la SB 1070, pues no sólo criminalizan la migración indocumentada, también pretenden negarle servicios básicos como la salud, educación, vivienda y trabajo.

Al respecto, el funcionario sostuvo que “el contenido de las propuestas es violatorio de derechos fundamentales de las comunidades mexicanas y contrario al desarrollo de la valiosa relación política y económica entre México y Arizona”.

Por ello, Julián Ventura indicó que el Gobierno de México “lamenta profundamente el actual ambiente político en Arizona, que una vez más condujo a la consideración de iniciativas que no reconocen las aportaciones de la comunidad migrante”.

El funcionario agregó que el Gobierno “reconoce el derecho soberano de todos los países para legislar y decidir sus políticas públicas”; sin embargo, a través de la SRE, “seguirá ofreciendo la protección consular y asesoría legal que requieran todos nuestros connacionales, sin importar su condición migratoria”.

Por otro lado, un sondeo del Centro de Investigación Pew para el Pueblo y la Prensa, revela  que la mayoría de los estadounidenses apoya un mayor control fronterizo y al mismo tiempo un camino a la ciudadanía para los indocumentados.

De acuerdo con el sondeo, 57% rechaza la propuesta de cambiar la Constitución para negar la ciudadanía a los hijos de los indocumentados, y 21% considera que lo principal es el camino a la ciudadanía para los indocumentados.

CIUDAD DE MÉXICO (01/ABR/2013).- El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la nueva Ley de Amparo "es una muestra más de que México se está transformando para contar con más y mejores instituciones, que nos permitan consolidar el Estado Constitucional y democrático de derecho que todos anhelamos".

En la ceremonia de promulgación de esta ley realizada en el Salón de Recepciones de Palacio Nacional, ante representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, el titular del Ejecutivo federal destacó que esta nueva legislación "es un mérito de todo el Estado mexicano".

Subrayó que con un ánimo renovador y en colaboración con las principales fuerzas políticas y las organizaciones de la sociedad civil, "seguiremos avanzando y buscando los acuerdos que nos permitan transformar a México en una auténtica sociedad de derechos".

Peña Nieto observó que el juicio de amparo ha sido y es el principal instrumento de defensa que las personas tienen para protegerse de los actos de la autoridad, y hoy se renueva y revitaliza cuando centra su atención en el ser humano, su dignidad y los derechos que le son inherentes.

El mandatario federal agregó que cuando una legislación es rebasada por el avance colectivo, es indispensable actualizarla, ponerla en sintonía con las nuevas necesidades sociales y con los estándares internacionales.

"Este es el espíritu detrás de la expedición de la nueva Ley de Amparo, que al colocar al ser humano y sus derechos como causa y fin, da un nuevo aliento a una de las más destacadas aportaciones mexicanas al mundo jurídico", enfatizó.

Acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong; y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, así como diversos funcionarios federales, Peña Nieto indicó que después de 172 años, hoy se revitaliza el instrumento de control Constitucional más importante del sistema jurídico mexicano.

Admitió que la modernización de dicha ley no garantiza por sí sola el éxito de su aplicación, pues toca ahora a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, litigantes y estudiosos del derecho, lograr que el juicio de amparo se convierta en un derecho al alcance de todos los mexicanos.

El presidente Enrique Peña destacó que al Poder Ejecutivo le corresponde apegar su actuación al marco legal y acatar las resoluciones y sentencias del Poder Judicial.

"En suma, corresponde a todas las autoridades del país, hacer de la justicia, la legalidad y el respeto a los derechos humanos una práctica efectiva en nuestro actuar cotidiano", enfatizó el presidente.

En su discurso, Enrique Pela Nieto afirmó que esta nueva ley, que es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, adopta figuras jurídicas de avanzada, y son múltiples y profundos los cambios que se han logrado.

Explicó que se amplía la esfera de protección a los derechos, y en adelante, el juicio de amparo procederá en contra de normas generales, actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares en funciones equivalentes a las de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos por la Carta Magna y los tratados internacionales.

Añadió que además se otorga la calidad de parte agraviada a quien tenga un interés legítimo, ya no necesariamente jurídico, siempre que la norma, acto u omisión reclamados violen sus derechos humanos.

Apuntó que otro cambio cualitativo es que se dota de efectos generales a las sentencias de amparo que culminen en la declaratoria de inconstitucionalidad, y una norma general por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El presidente Peña Nieto planteó que con ello se tutelan los derechos de todas las personas, aún cuando no hayan interpuesto el juicio, garantizando así los principios de igualdad ante la ley y supremacía Constitucional.

Dio a conocer que se eleva la eficacia de la justicia mexicana, para lo cual se establece la obligación de los tribunales de fijar en las sentencias de amparo directo, los términos precisos en los que deberá pronunciarse la nueva resolución.

Otra innovación que fortalece la eficacia y sobre todo la adecuada interacción entre los Poderes, mencionó, es que se otorga la facultad excepcional al Ejecutivo y Legislativo federales para solicitar a la Suprema Corte de Justicia la resolución prioritaria de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos.

Lo anterior, aclaró Peña Nieto, cuando se justifique la urgencia por interés social o para mantener el orden público.


Ley de Amparo permite mejorar impartición de justicia: Silva Meza

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, afirmó que la nueva Ley de Amparo, promulgada hoy "es un producto que entre todos nos hemos dado, para mejorar el sistema federal de impartición de justicia".

Durante su intervención en la ceremonia de promulgación de la nueva Ley de Amparo, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, afirmó que "el Poder Judicial de la Federación nunca obstaculizará la consolidación del México de los derechos, al contrario, ahora más que nunca, nuestra labor está marcada por la defensa del interés público".

Dijo que "no es exagerado" decir que la ley que promulgada armoniza el sistema constitucional que adquirió plena forma en 2011, y que tiene como objetivo obligar a todas las autoridades a sujetar su actuación al principio de la protección y salvaguarda de los derechos humanos, y en especial de los más vulnerables.

"Ahora, la responsabilidad de su debida aplicación corresponde a nosotros, los titulares del Poder Judicial de la Federación, por lo que debemos convocar a todos los juzgadores federales a hacer valer el nuevo régimen, sin regateos, sin titubeos, en beneficio de la sociedad", expresó.

En ese sentido, Silva Meza afirmó que la sociedad debe estar segura de que todos los ministros, magistrados y jueces "honraremos nuestro compromiso y corresponderemos a la confianza que nos brinda por medio de sus representantes, para ser los operadores primarios, de esta nueva herramienta jurídica".

Entendemos que esa es nuestra única obligación, abundó el ministro presidente, por lo que, actuando con prudencia, con equilibrio, sin desbordamientos, no avalaremos ni regresiones, ni desviaciones respecto del nuevo paradigma.

"Ahora es más claro que nunca que nuestra labor está marcada por la defensa del interés público, que consiste en salvaguardar a las personas de los abusos o excesos en que las autoridades incurran en el ejercicio de sus encargos, así como de la posible violación de sus derechos humanos que puedan suscitarse en las relaciones individuales", añadió.

Silva Meza expuso que la nueva ley establece la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita las llamadas "declaratorias generales de inconstitucionalidad", a partir de reclamos formulados por quejosos ordinarios, mediante el juicio de amparo.

Además, anotó que se crean los llamados Plenos de Circuito, con el doble propósito de desahogar la carga de trabajo del máximo tribunal, y fortalecer el papel de los Tribunales Colegiados de Circuito, como creadores de la nueva jurisprudencia.

Por último, el ministro presidente reconoció la actitud republicana e institucional de los Poderes Legislativo y Ejecutivo federales por lograr la conclusión del proceso legislativo de esta norma.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (16/MAR/2013).–  Acecha Bill Gates. El magnate mexicano Carlos Slim está en peligro de perder su puesto como el hombre más rico del mundo. De acuerdo con la página electrónica de la revista Forbes, el descenso en el listado sería resultado de la caída de las acciones de su empresa América Móvil por el proyecto de ley de telecomunicaciones en México.

Luego de que el Gobierno de Enrique Peña Nieto presentó a principios de esta semana una ambiciosa reforma en materia de telecomunicaciones, la cotización de las acciones de América Móvil en la Bolsa de Nueva York cayó 13.15 por ciento.

En lo que va del año, los mercados  han castigado con un descenso de 9.53% los papeles de la empresa.

Esto significa que las acciones de Slim en la empresa valen ahora 31 mil millones de dólares, frente a los 36 mil de cuando Forbes elaboró su clasificación de principios de mes.

La fortuna de Slim sería ahora de unos 67 mil 500 millones de dólares según la cotización de América Móvil al cierre de los mercados de ayer, apenas por encima de los 67 mil millones del segundo de la lista, el fundador de Microsoft, Bill Gates.

Lidera por cuarto año consecutivo la lista de personas más ricas que elabora anualmente Forbes, y cuya última edición se divulgó el pasado 4 de marzo.

Tenía entonces una fortuna valorada en 73 mil millones de dólares.

“Era de esperarse que las acciones de América Móvil se vieran afectadas ahora que conocemos los detalles de esta reforma, que no le favorece”, comentó Raúl Feliz, analista del Centro de Investigación y Docencia Económicas  (CIDE).

“Desde tiempo atrás se percibía que esta reforma no iba satisfacer los intereses del jugador dominante” en las telecomunicaciones, lo que ha venido afectando el desempeño de la compañía de Slim en el mercado bursátil.

Las empresas América Móvil y Telmex, ambas propiedad de Carlos Slim, controlan la mayor parte de la telefonía móvil y fija en México, con 70% y 84 % del mercado, respectivamente.

Luego de presentarse la reforma, que se espera que sea aprobada la próxima semana en la Cámara de Diputados para luego pasar al Senado, el grupo Carso emitió un comunicado en el que dio la bienvenida a la misma.

La propuesta del PRD

Una de las propuestas de cambio del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al dictamen de la reforma en telecomunicaciones tiene que ver con la reciprocidad en materia de inversión, ya que en algunos países sólo aceptan entre 25% y 30% de inversión extranjera y no se debe plantear un mayor porcentaje en tanto no haya reciprocidad de otros países en este rubro.

FICHA TÉCNICA

Detalles

> El proyecto ordena licitar por lo menos dos nuevas cadenas nacionales de televisión y admite la inversión 100% extranjera en empresas del sector telecomunicaciones, y hasta de 49% en radio y televisión.

> Destaca la obligación de los actuales concesionarios y permisionarios de devolver los canales que les fueron originalmente otorgados, una vez que concluya la transición digital terrestre el 31 de diciembre de 2015.

> Los concesionarios y permisionarios de televisión estarían obligados a facilitar gratuitamente sus señales de los operadores de televisión restringida (cable), a fin de que éstos puedan retransmitirlas.